Al borde del abismo / On the Edge of the Abyss


Author: James Cavallaro

Publish Date: May 23, 2016

Format: Op-Ed or Opinion Piece

Citation: James Cavallaro, Al borde del abismo / On the Edge of the Abyss, El País (May 23, 2015).

Full Opinion Piece (Español/English)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se enfrenta a la peor crisis financiera de la historia

[via El País] Escribo con profunda tristeza, frustración e indignación. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos enfrentamos a la peor crisis financiera de la historia. Tenemos las arcas absolutamente vacías. Si eso no cambia radicalmente muy pronto, significará no sólo que el 31 de julio perderemos al 40% de nuestro personal. También tendrá efectos inmediatos en nuestra labor de velar por los derechos humanos en la región: no podremos realizar visitas a los países que tenemos que monitorear, no podremos hacer las audiencias públicas donde se exponen problemáticas de derechos humanos ni reuniones de trabajo para coordinar medidas de protección urgentes para personas en riesgo. Estamos al borde del colapso como nunca antes.

En mi carrera como defensor de derechos humanos he visto personalmente cómo gracias a la Comisión se avanzó en el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, cómo se salvaron las vidas de personas en riesgo gracias a su intervención. No exagero cuando digo que esta crisis es una tragedia para este continente.

El 31 de julio perderemos a 30 personas que trabajan con pasión y compromiso en la defensa de los derechos humanos, algunas de ellas desde hace una década. En la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica trabajan 180 funcionarios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México tiene más de 1000. El 1 de agosto, la CIDH podría quedarse con una plantilla de 48 funcionariosa cargo de proteger los derechos humanos de mil millones de personas que habitan este continente.

Durante años, la CIDH sobrevivió gracias a los aportes voluntarios de Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Noruega, Reino Unido, Holanda, Suecia, Suiza y la Unión Europea. Pero cuando este año fuimos a golpear puertas a Europa en busca de asistencia financiera, nos encontramos con una respuesta diferente. Europa está recibiendo una gran cantidad de refugiados y eso ha generado una reorientación de sus prioridades en asistencia internacional.

Pero eso no es todo. Lo cierto es que no pudimos responderles cuando nos preguntaron por qué los países americanos no se hacen cargo de su propio sistema de derechos humanos. No pudimos responderles porque nos da vergüenza decir la verdad: América Latina y el Caribe no se han hecho cargo de su propio sistema de derechos humanos. Los Estados crearon este sistema en 1959 y proclamaron en la Convención Americana que el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, sólo puede alcanzarse garantizando el ejercicio de sus derechos humanos. Crearon la CIDH para que ese ideal se hiciera realidad. Pero después, nunca le dieron los recursos para realizar su trabajo.

El Consejo de Europa destina el 41,5% de su presupuesto a derechos humanos, mientras que la OEA destina el 9.1% para financiar a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH recibe menos de 5 millones de dólares por año de la Organización, o50 centavos de dólar por cada mil personas. Tenemos menos abogados y abogadas que el número de países que atendemos. ¿Cómo se puede cumplir así con nuestro mandato?

Hemos recurrido a donaciones para complementar nuestro magro ingreso. Hemos apelado a los países miembros, a su responsabilidad con financiar el sistema que ellos mismos crearon. En 2015, los países latinoamericanos y caribeños donaron 13,7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional (CPI), pero solo destinaron 199.000 dólares para la CIDH. Y valga aclarar: en la CPI no hay en trámite ningún caso de la región y sólo hay una situación bajo examen preliminar.

El mensaje parece claro. Algunos países se sienten incómodos cuando la CIDH pone de relieve los desafíos que enfrenta la región en materia de derechos humanos. Esa es nuestra función, y nos la asignaron los Estados. Pero nos estrangulan financieramente, quizás para que no podamos cumplir con nuestro mandato.

Pero la CIDH no puede parar. Tenemos que seguir atentos a la investigación del asesinato de Berta Cáceres en Honduras, y de tantos y tantas otras defensoras asesinadas, y tenemos que proteger a los defensores que viven amenazados y hostigados y criminalizados. Tenemos que asegurarnos que haya justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa, después que el Grupo de Expertos creado por la CIDH constatara los graves errores en la investigación sobre su desaparición, y para tantos otros miles de personas desaparecidas en México. Tenemos que seguir insistiendo en el cierre de Guantánamo, y debemos velar por los migrantes y los refugiados que escapan de la violencia en los países del Triángulo Norte, por los niños no acompañados que cruzan la frontera buscando reunificarse con sus padres. Debemos seguir velando por el derecho de los pueblos indígenas a vivir en paz en sus territorios ancestrales, por el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, por la justicia social, para acabar con la discriminación, ya sea racial, por orientación sexual o por identidad o expresión de género. Nuestro compromiso con nuestro mandato sigue firme.

Estaremos siempre agradecidos a Europa por el apoyo que nos han dado en los últimos años. Pero ha llegado la hora de la verdad. O los jefes de Estado de América Latina y el Caribe toman la decisión política de darle vida al sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, o seremos testigos de su colapso.


The Inter-American Commission on Human Rights confronts the worst financial crisis in its history

I write with deep sadness, frustration and indignation. We at the Inter-American Commission on Human Rights are confronting the worst financial crisis in history. Our coffers are completely empty. If this doesn’t radically change very soon, it will not only mean that we will lose 40% of our personnel on July 31. It will also have immediate effects on our work in fighting for human rights in the region: we will not be able to carry out visits to those countries that we must monitor, we will not be able to hold public hearings where human rights problems are presented nor group meetings to coordinate urgent protection measures for at-risk persons. We are on the edge of collapse like never before.

In my career as a human rights defender, I have personally seen how, thanks to the Commission, there has been progress in the access to truth, justice, and reparations, how the lives of at-risk people have been saved thanks to the Commission’s intervention. I do not exaggerate when I say that this crisis is a tragedy for this continent.

On July 31, we will lose 30 people who work passionately and are committed to the defense of human rights, some of whom have worked for a decade. 180 employees work at the People’s Defender of Costa Rica (la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica). The National Human Rights Commission of Mexico (la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México) has more than 1000. On August 1, the IACHR could be left with a staff of 48 employees in charge of protecting the human rights of the billion people that inhabit this continent.

For years the IACHR has survived thanks to the voluntary contributions of the United States, Canada, Denmark, Spain, Finland, France, Norway, the United Kingdom, Holland, Sweden, Switzerland, and the European Union. But this year when we went to knock on doors in Europe in search of financial assistance, we were met with a different response. Europe is receiving a large amount of refugees and this has caused a shift in its priorities for international assistance.

But that’s not all. The truth is that we could not respond when they asked us why States in the Americas do not look after their own human rights system. We weren’t able to answer them because we were ashamed to speak the truth: Latin America and the Caribbean do not look after their own human rights system. The States created this system in 1959 and declared in the American Convention that the ideal of the free human being, free of fear and poverty, could only be reached by guaranteeing the exercise of her human rights. The States created the IACHR to make this ideal a reality. But afterwards, they never gave us the resources to realize this task.

The Council of Europe allocates 41.5% of its budget to human rights, while the Organization of American States allocates 9.1% to finance the IACHR and the Inter-American Court on Human Rights. The IACHR receives less than 5 million dollars a year from the OAS, or 50 cents on the dollar for every one thousand people. We have fewer attorneys than the number of countries we assist. How can we fulfill our mandate in this manner?

We have resorted to donations to complement our meager income. We have asked member countries, appealing to their responsibility to finance the system that they themselves created. In 2015, Latin American and Caribbean nations donated 13.7 million dollars to the International Criminal Court (ICC), but only allocated 199,000 dollars to the IACHR. And what’s worth clarification: there is not even a single case being processed at the ICC, and only one situation under preliminary examination.

The message seems clear. Some countries feel uncomfortable when the IACHR highlights the challenges that the region confronts in the area of human rights. That is our role, assigned to us by the States. But these States are strangling us financially, perhaps so that we cannot fulfill our mandate.

But the IACHR cannot stop. We must continue to be vigilant in the investigation into the murder of Berta Cáceres in Honduras, and of so many other murdered defenders. We must protect the defenders that live under threat, harassment, and criminalization. We must be sure that there is justice for those 43 students in Ayotzinapa, after the Expert Group created by the IACHR revealed the serious errors in the investigation concerning their disappearance, and for so many thousands of other disappeared people in Mexico. We must keep insisting on the closure of Guantanamo, and we must protect the migrants and refugees that flee violence in the Northern Triangle countries, and the unaccompanied children that cross the border looking to be reunited with their parents. We must continue safeguarding the right of indigenous peoples to live in peace in their ancestral lands, the right of women to live free of violence and discrimination, for social justice, in order to put an end to discrimination, whether it be racial, on account of sexual orientation or gender identity or expression. Our commitment to our mandate remains firm.

We will always been grateful to Europe for the support it has provided us over these last years. But now the moment of truth has arrived. Either the heads of State in Latin America and the Caribbean make the political decision to breathe life into the inter-American system for the protection and promotion of human rights, or we will be witnesses to the system’s collapse.

English translation: H. Rodarte